Juez federal frena plan de Trump para retirar permisos de trabajo a miles de migrantes
Un juez federal de Estados Unidos suspendió temporalmente parte de las medidas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump que buscaban restringir el acceso a permisos de trabajo para decenas de miles de inmigrantes amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) y para solicitantes de asilo.
Un juez federal de Estados Unidos suspendió temporalmente parte de las medidas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump que buscaban restringir el acceso a permisos de trabajo para decenas de miles de inmigrantes amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) y para solicitantes de asilo.
La resolución judicial constituye uno de los reveses más recientes para la política migratoria del Gobierno, que en los últimos meses ha endurecido los requisitos para acceder a beneficios migratorios y ha intentado limitar diversas protecciones humanitarias.
Qué decidió el tribunal
El fallo fue emitido por el juez federal Nathaniel Gorton, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, quien ordenó frenar la aplicación de varias disposiciones implementadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Entre las medidas suspendidas figura la revocación automática de permisos laborales para determinados beneficiarios del TPS y solicitantes de asilo, una decisión que, según los demandantes, habría dejado sin sustento económico a miles de familias mientras sus casos continúan en trámite.
Aunque el magistrado permitió que continúe vigente el cobro de nuevas tarifas establecidas por el Gobierno para algunos trámites migratorios, también ordenó que ninguna persona pueda ser sancionada o perder beneficios por no haber abonado esos pagos mientras el litigio siga abierto.
Organizaciones denunciaron perjuicios para miles de familias
La demanda fue presentada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y sindicatos laborales, que sostienen que la administración federal modificó las reglas sin respetar los procedimientos administrativos exigidos por la legislación estadounidense.
Los demandantes argumentan que las nuevas políticas fueron aplicadas de manera retroactiva y afectarían especialmente a personas provenientes de países cuyos ciudadanos cuentan con TPS, entre ellos El Salvador, Sudán y Ucrania. Según la demanda, miles de trabajadores podrían perder su empleo y enfrentar graves dificultades económicas antes de que sus procesos migratorios concluyan.
La decisión se produce en medio de una intensa batalla judicial sobre el futuro del Estatus de Protección Temporal, un programa creado por el Congreso estadounidense para ofrecer protección contra la deportación y autorización para trabajar a ciudadanos de países afectados por guerras, desastres naturales o crisis humanitarias.
Durante este año, la administración Trump ha impulsado el fin del TPS para varias nacionalidades, lo que ha generado múltiples demandas en distintos tribunales federales. Algunas cortes han frenado temporalmente esas decisiones, mientras que otras han dado la razón al Gobierno, configurando un escenario legal complejo y todavía abierto.
Uno de los casos más relevantes involucra a cientos de miles de venezolanos, cuyo futuro migratorio también continúa siendo objeto de litigios en las cortes federales y eventualmente podría volver a ser analizado por la Corte Suprema de Estados Unidos.
El impacto económico de perder un permiso laboral
Expertos en inmigración advierten que la autorización de empleo constituye uno de los elementos más importantes para quienes permanecen legalmente en Estados Unidos bajo programas de protección temporal o mientras esperan la resolución de una solicitud de asilo.
Sin ese documento, muchos inmigrantes perderían inmediatamente la posibilidad de trabajar de forma legal, acceder a ingresos estables y sostener económicamente a sus familias, además de enfrentar mayores riesgos de explotación laboral o dificultades para mantener vivienda y servicios básicos.
La orden judicial tiene carácter preliminar y permanecerá vigente mientras el tribunal analiza el fondo del caso. Se espera que en las próximas semanas la justicia determine si las medidas adoptadas por la administración Trump fueron implementadas conforme a la legislación federal o si deberán ser anuladas de manera definitiva.
Mientras tanto, miles de inmigrantes conservan temporalmente sus permisos de trabajo, aunque el desenlace definitivo dependerá de las futuras decisiones de los tribunales federales y, eventualmente, de la Corte Suprema de Estados Unidos.