Green card en riesgo: EEUU endurece la regla de “carga pública” desde septiembre
La regla final fue publicada este lunes 20 de julio en el Registro Federal y entrará en vigor el próximo 18 de septiembre.
El Gobierno de Estados Unidos endureció nuevamente la política de “carga pública”, una medida que podría complicar la obtención de la green card para algunos inmigrantes que reciben determinadas ayudas gubernamentales.
La regla final fue publicada este lunes 20 de julio en el Registro Federal y entrará en vigor el próximo 18 de septiembre. A partir de esa fecha, los funcionarios migratorios tendrán mayor discreción para evaluar si una persona podría depender de recursos públicos en el futuro.
La medida se aplicará a las solicitudes de admisión presentadas desde el 18 de septiembre y a las peticiones de ajuste de estatus —formulario I-485— enviadas por correo o electrónicamente a partir de esa misma fecha.
Las solicitudes presentadas correctamente antes de la entrada en vigor continuarán siendo evaluadas bajo la normativa de 2022.
¿Qué ayudas podrían afectar una solicitud de green card?
Con el cambio, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) podrá considerar una gama más amplia de beneficios públicos sujetos a comprobación de ingresos.
Entre ellos podrían encontrarse Medicaid, cupones de alimentos, asistencia de vivienda, ayudas monetarias y otros programas gubernamentales. Sin embargo, recibir uno de estos beneficios no provocará automáticamente el rechazo de una solicitud.
USCIS deberá analizar cada caso individualmente y tomar en cuenta el conjunto de las circunstancias del solicitante, como su edad, salud, situación familiar, recursos económicos, educación, historial laboral y capacidad para mantenerse por cuenta propia.
La nueva normativa tampoco ordena que las personas abandonen los programas públicos para los cuales sean legalmente elegibles.
La medida no será retroactiva en todos los casos
El Departamento de Seguridad Nacional aclaró que los beneficios que anteriormente estaban excluidos del análisis no serán considerados si fueron recibidos únicamente antes del 18 de septiembre.
Para ese periodo anterior, USCIS solo podrá tomar en cuenta las ayudas monetarias destinadas al mantenimiento de ingresos y la institucionalización prolongada pagada por el Gobierno, conforme a la regla vigente desde 2022.
No obstante, si el inmigrante continúa recibiendo otros beneficios después de la entrada en vigor de la nueva política, estos sí podrían formar parte de la evaluación.
Además, la utilización de ayudas públicas por parte de un familiar —como un hijo ciudadano estadounidense— no debe atribuirse automáticamente al solicitante. La evaluación se concentra en los beneficios recibidos por la persona que pide la admisión o el ajuste de estatus.
¿A quiénes afecta la regla de “carga pública”?
La política no se aplica a todas las categorías migratorias. Algunas personas, entre ellas determinados refugiados, asilados y beneficiarios de programas humanitarios, cuentan con exenciones establecidas por la ley cuando solicitan la residencia mediante esas vías.
El Gobierno sostiene que la medida busca reafirmar el principio de autosuficiencia de los inmigrantes y proteger los recursos públicos. Organizaciones defensoras de los inmigrantes, por su parte, advierten que podría generar temor y provocar que familias legalmente elegibles renuncien a servicios médicos o alimentarios.
La política de “carga pública” fue ampliada durante el primer mandato de Donald Trump y posteriormente limitada por el Gobierno de Joe Biden. La nueva regla elimina buena parte de las restricciones implementadas en 2022 y devuelve mayor capacidad de decisión a los funcionarios migratorios.
USCIS deberá publicar instrucciones adicionales antes de que la medida comience a aplicarse.
Fuente oficial: Registro Federal de Estados Unidos.