
Los abogados defensores del salvadoreño Kílmar Ábrego solicitaron nuevamente a un juez federal de Tennesee que desestime la acusación penal contra su cliente por presunto tráfico ilegal de personas, al considerar que el gobierno de los Estados Unidos no ha logrado desmentir que el proceso es una venganza contra el joven.
Tanto la defensa de Ábrego como la fiscalía de los Estados Unidos de América (EUA) presentaron sus escritos con alegatos finales en el proceso judicial que busca determinar si la acusación penal contra el salvadoreño es o no una venganza.
Los abogados de Ábrego sostienen en su escrito ante el juez Waverly D. Crenshaw Jr. que “el gobierno no ha logrado refutar la presunción por ánimo de venganza” y que por lo tanto “el Tribunal debería desestimar la acusación”.
“El gobierno tiene la carga de refutar la presunción de venganza con explicaciones objetivas de su decisión de investigar y acusar al señor Ábrego. Incluso si el Tribunal aceptara como ciertas todas las palabras pronunciadas por los testigos del gobierno, las pruebas presentadas durante la audiencia se quedaron muy lejos de cumplir con esa carga de la prueba. Peor aún, no todas las palabras eran ciertas. Los testimonios (de los testigos) desmentían la lógica y el sentido común y fueron contrarrestados por la evidencia documental”, explican los defensores de Ábrego en su escrito.
Ábrego está siendo acusado en Tennessee por una detención en carretera ocurrida el 30 de noviembre de 2022, cuando, según las autoridades, él manejaba una camioneta con varios indocumentados a bordo.
En ese momento la fiscalía estadounidense no persiguió penalmente al salvadoreño, por el contrario, lo expulsó en marzo de 2025 hacia una cárcel en El Salvador y el caso volvió a ser retomado en junio de 2025 luego que un juez ordenara que el joven debía volver a Estados Unidos y cuando Ábrego ya había demandado civilmente al gobierno del presidente Donald Trump por los daños ocasionados.
La fiscalía de los Estados Unidos también presentó su informe posterior a la audiencia probatoria y reafirma que la decisión de acusar a Kílmar Ábrego no fue vengativa.
“La evidencia es inequívoca y sin controversia. La decisión de acusar surgió únicamente de la discreción del fiscal. La decisión no estuvo motivada por animosidad hacia el acusado. No se tomó bajo presión política. La decisión de acusar no fue ordenada por el liderazgo en el Departamento de Justicia. Más bien, la decisión se guió únicamente por la evidencia, y la evidencia era tan fuerte que habría sido una derogación del deber no presentar cargos”, afirma la parte acusadora.
Sostiene además que si bien el delito de Ábrego fue cometido en 2022, no fue hasta abril de 2025 cuando lograron recopilar nuevas pruebas para presentar un caso sólido contra el salvadoreño y por eso fue decisión de la fiscalía acusarlo cuando volvió a Estados Unidos, en junio de 2025.
La representación del gobierno pide al juez Crenshaw Jr. denegar la petición de Ábrego para desestimar el caso en Tennessee, al considerar que no tiene relación con la demanda civil que ha presentado el salvadoreño en Maryland por su deportación ocurrida en marzo de 2025.
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