Homicidas, violadores y terroristas ya no saldrán de prisión en El Salvador
El Salvador aprobó la cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas en medio de acusaciones internacionales de crímenes de lesa humanidad.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó la propuesta con una pregunta directa en su cuenta de X: «Vamos a ver quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreven a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión».
Con esa declaración pública, el mandatario abrió el debate sobre la aplicación de castigos más severos para quienes cometan delitos graves en el país centroamericano. La Asamblea Legislativa respondió con celeridad y aprobó la reforma al artículo 27 de la Constitución, que habilita la cadena perpetua como pena aplicable en casos específicos.
Qué dice la reforma constitucional
Hasta la aprobación de la reforma, el artículo 27 de la Carta Magna prohibía expresamente «la prisión por deudas, las penas perpetuas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento». El nuevo inciso del mismo artículo mantiene la prohibición de la prisión por deudas y las penas infamantes y proscriptivas, pero levanta la restricción sobre la pena perpetua, que «solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas».
El ministro de Justicia y Seguridad, quien presentó la iniciativa ante la Asamblea, explicó que el objetivo de instaurar la cadena perpetua es «garantizar a la ciudadanía el orden público y la paz social, así como asegurar su protección integral y el pleno ejercicio de sus derechos y libertades». Agregó que la medida busca implementar acciones «eficaces para prevenir y disuadir la comisión de actos delictivos» con el fin de «proteger a la sociedad de los homicidas, violadores y terroristas».
Aprobación casi unánime en la Asamblea
La reforma fue respaldada por Nuevas Ideas, el partido de Bukele, que cuenta con amplia mayoría en la Asamblea Legislativa, con el apoyo de sus partidos aliados y un voto favorable de la oposición, proveniente de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Solo un diputado votó en contra.
La diputada Suecy Callejas, integrante de la bancada oficialista, afirmó que la reforma constitucional pone en el centro «el derecho a vivir sin miedo» en El Salvador. Para Callejas, la paz «no es negociable» y sentenció que la disyuntiva es clara: «O defendemos la vida o defendemos a los criminales».
El desafío a la comunidad internacional
La aprobación de la reforma coincidió con la presentación, el 11 de marzo, de un informe del Grupo Internacional de Expertos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El documento de 275 páginas, elaborado a partir de más de 1.700 fuentes primarias y secundarias, incluyendo entrevistas con víctimas, documentos oficiales e investigaciones periodísticas, acusa al Estado salvadoreño de posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de excepción. Entre las denuncias figuran capturas arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y muertes de detenidos. El informe sugiere además que la Corte Penal Internacional abra una investigación de oficio.
La respuesta del oficialismo fue contundente. El diputado Villatoro respondió al informe con un escueto «Váyanse al carajo» desde la tribuna legislativa.
El respaldo en las calles
A pesar de las críticas internacionales, el ciudadano común mantiene su respaldo a Bukele y a las medidas de su gobierno. En las calles, muchos salvadoreños se enteraron de la reforma a través de las redes sociales y reaccionaron con apoyo, no con división. El argumento predominante es que quien comete delitos graves debe recibir castigos severos, y que El Salvador logró frenar un fenómeno de violencia que durante décadas mató a más salvadoreños que la propia guerra civil de los años ochenta.
Para una parte importante de la población, la paz que hoy se vive en el país es algo que ninguno de los gobiernos de las últimas tres décadas había logrado garantizar, y eso pesa más que cualquier cuestionamiento externo.
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