
Washington (Estados Unidos) (AFP) Las autoridades migratorias estadounidenses dejaron este jueves en libertad bajo vigilancia al salvadoreño indocumentado Kilmar Ábrego García, deportado por error en marzo y luego devuelto a Estados Unidos, una batalla judicial que sigue viva ante los tribunales.
Una jueza federal del estado de Maryland había ordenado este mismo jueves al gobierno de Donald Trump liberar «inmediatamente» a Ábrego García, casado con una estadounidense pero sin residencia legal en el país desde que llegó con 16 años, en 2012.
El inmigrante estaba detenido «sin justificación legal», aseveró la jueza, que calificó su caso de «extraordinario».
«Esta decisión no tiene ninguna base jurídica y seguiremos luchando con uñas y dientes ante los tribunales», reaccionó en X la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, acusando a la magistrada de «activismo judicial».
Ábrego García simboliza en parte el recorrido de numerosos migrantes ilegales atrapados en la maraña de la política migratoria estadounidense.
Llegó menor de edad, presuntamente huyendo de la violencia en El Salvador.
En 2019, un control rutinario de la policía de Maryland puso a descubierto su situación irregular.
Entregado a la policía migratoria (ICE), se inició el proceso de deportación.
Ante el juez pidió clemencia y una audiencia le otorgó un estatuto de protección, mientras se dirimía el fondo de su caso.
Al año siguiente su esposa lo denunció por maltrato, algo que se repitió en mayo de 2021. La pareja tiene un hijo.
Su esposa, Jennifer Vásquez, tomó luego su defensa.
Trump hizo campaña en 2024 con la promesa de deportar a «millones» de indocumentados, a los que en repetidas ocasiones se refirió como «maleantes» salidos de «cárceles e instituciones mentales».
Al llegar al poder se inició esa campaña de detenciones y deportaciones, la más importante que ha conocido el país en su historia.
Ahí ingresó en la megacárcel CECOT. Pero a Ábrego García la justicia estadounidense le había garantizado que incluso si era deportado algún día, tenía derecho a pedir que no fuera a su país de origen.
Un legislador demócrata lo visitó, las organizaciones de defensa de los migrantes organizaron una efectiva campaña y tras tiras y aflojas, regresó a Estados Unidos.
Las autoridades migratorias inmediatamente abrieron otro caso en su contra, por presunto tráfico de personas en Tennessee. El caso sigue abierto.
«Un gobierno corrupto» musitó el inmigrante en una de las escasas ocasiones en las que compareció ante las cámaras de televisión.
«Está probado que es un traficante de seres humanos. Está probado que es miembro de una banda» reaccionó este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Naciones como Liberia, Ghana o Uganda fueron consideradas por el gobierno de Trump para enviarlo a un tercer país, pero el salvadoreño ha rechazado esas opciones.
Con información de la agencia de noticias: AFP
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