
Mucho se habla de la Operación Lanza del Sur, que es el despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe para presuntamente combatir el tráfico de drogas en la región. Menos prensa y divulgación tiene otro operativo encabezado por fuerzas estadounidenses, esta vez en el Pacífico oriental. Se trata de Pacific Viper, centrado en detener el ingreso de estupefacientes a territorio estadounidense por esa zona de su geografía.
Allí, la Guardia Costera ha incrementado sus patrullajes, consiguiendo un genuino golpe al decomisar, entre agosto y octubre, 34 embarcaciones y sacar de circulación 45 toneladas de cocaína. Acá el enfoque es distinto: no se trata solo de bombardear narcolanchas, sino más bien de detenerlas. Y la concentración de los esfuerzos de vigilancia y control en esa región responde al hecho de que se trata del corredor tradicional de tráfico de cocaína proveniente de Colombia, Perú y Ecuador.
Los 86 detenidos y la confirmación de que la operación seguirá para «proteger el territorio estadounidense, contrarrestar el terrorismo y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y los carteles responsables del tráfico de drogas» dan una clara señal del impulso y la importancia que otorga Estados Unidos a esta nueva política de combate al narcotráfico.
Solo entre enero y agosto, las autoridades estadounidenses decomisaron droga fentanilo en el Caribe y el Pacífico por un valor de 2.200 millones de dólares. Uno de los mayores hallazgos se realizó entre fines de junio y mediados de agosto, cuando 27.800 kilos de cocaína y 6.600 de marihuana fueron capturados en distintas operaciones, suficientes «para causar una sobredosis fatal a toda la población del estado de Florida», según afirmó el contralmirante Adam Chamie en un comunicado.
Estas enormes cantidades de droga que fluyen hacia Estados Unidos podrían explicar la orden dada por Donald Trump de bombardear supuestas narcolanchas, una medida que no es compartida por muchos.
«Destruir lanchas rápidas simplemente incentiva a los narcotraficantes a usar otros vehículos marítimos, como barcos pesqueros, cargueros, yates, semisumergibles o contenedores. No tiene ningún impacto a largo plazo en el flujo de cocaína hacia Estados Unidos»,
opina Jeremy McDermott, especialista de Insight Crim
También Bernarda Jarrín, politóloga ecuatoriana afincada en Washington, coincide en las limitaciones de esa política. «Interceptar lanchas puede complicar el traslado de droga y aumentar los riesgos para las organizaciones criminales, pero es una medida limitada. Los grupos criminales suelen adaptarse rápido y pueden cambiar rutas o métodos. Esta estrategia funciona solo si se combina con acciones más amplias en tierra, puertos y cooperación regional».
Cooperación regional. Ese parece ser el concepto más relevante. Todos los expertos coinciden en que el origen de la cocaína está en Colombia, Perú y Bolivia, además de Ecuador como punto de salida y Venezuela, Centroamérica y el Caribe como lugares de paso.
México también produce droga que ingresa a Estados Unidos, en este caso fentanilo (además de cocaína), a partir de precursores químicos que llegan desde China.
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