Qué pasará con los inmigrantes afectados por el fin del TPS y cómo pueden defenderse

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), bajo la dirección de la secretaria Kristi Noem, anunció la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras y Nicaragua, con efecto a partir del 6 de septiembre de 2025. Esta decisión afecta a aproximadamente 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses que han vivido legalmente en el país desde 1999, tras el devastador huracán Mitch.

Con solo 60 días para regularizar su situación migratoria o enfrentar la deportación, estos inmigrantes, muchos profundamente integrados en comunidades estadounidenses, se enfrentan a un futuro incierto. Este artículo examina las consecuencias de esta medida, las opciones de defensa y el impacto en comunidades, particularmente en Nueva York.

El Fin del TPS: Un Golpe para Residentes de Larga Data

El TPS fue otorgado a hondureños y nicaragüenses en 1999 tras el huracán Mitch, una tormenta de categoría 5 que dejó más de 10,000 muertos y daños por $48,200 millones en Centroamérica. Este programa ofrecía protección contra la deportación y autorización de trabajo para aquellos que no podían regresar de manera segura a sus países debido a crisis ambientales o políticas.

Sin embargo, el DHS ahora sostiene que ambos países han recuperado suficiente estabilidad, citando mejoras en infraestructura, turismo y condiciones económicas. La secretaria Noem afirmó: “El Estatus de Protección Temporal fue diseñado para ser solo eso: temporal”, argumentando que Honduras y Nicaragua ya no cumplen con los criterios para mantener el TPS.

La terminación, efectiva el 6 de septiembre de 2025, sigue un período de transición de 60 días durante el cual los beneficiarios del TPS conservan su autorización de trabajo. Pasada esta fecha, perderán su estatus legal y podrían ser deportados a menos que encuentren alternativas migratorias. Esta medida se alinea con la política migratoria más estricta de la administración Trump, que también ha eliminado el TPS para países como Afganistán, Camerún, Haití, Nepal y Venezuela, afectando a cerca de 600,000 inmigrantes.

¿Qué Pueden Hacer los Inmigrantes Afectados?

Para los 76.000 hondureños y nicaragüenses impactados, el tiempo es crítico. A continuación, se detallan las principales opciones y desafíos que enfrentan:

1. Salida Voluntaria a Través de la App CBP One

La administración Trump ha promovido el uso de la aplicación CBP One para facilitar la “autodeportación voluntEva”, ofreciendo un boleto de avión gratuito y un bono de salida de $1,000. Aunque esta opción evita la detención inmediata, implica abandonar EE.UU. y regresar a países donde persisten la violencia, la inestabilidad política y las dificultades económicas. Líderes como Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, argumentan que las condiciones en Honduras—marcadas por corrupción, violencia y desempleo—no garantizan un retorno seguro. El periodista nicaragüense en el exilio, Arturo McFields Yescas, calificó al TPS como “un tema de vida o muerte” y pidió alternativas similares a las ofrecidas a venezolanos.

2. Buscar un Estatus Migratorio Alternativo

El TPS no ofrece un camino directo a la residencia permanente o la ciudadanía, pero los afectados pueden explorar otras opciones:

• Ajuste de Estatus: Aproximadamente 21,000 hondureños y 1,100 nicaragüenses han obtenido tarjetas de residencia. Otros podrían calificar a través de peticiones familiares, patrocinios laborales o matrimonio con ciudadanos estadounidenses, aunque estos procesos son largos y costosos.
• Asilo u Otras Formas de Alivio: Los beneficiarios del TPS pueden solicitar asilo si enfrentan persecución en sus países de origen. Sin embargo, las solicitudes de asilo requieren probar un temor fundado de persecución, y las tasas de aprobación son bajas. Otras formas de alivio, como la cancelación de remoción, podrían estar disponibles en cortes migratorias, pero dependen de circunstancias individuales.
• Acción Diferida o Parole: Aunque no equivalen al TPS, estas opciones podrían ofrecer protección temporal. Sin embargo, la terminación de programas de parole para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezonalos por parte de la administración Trump reduce las posibilidades.

3. Desafíos Legales contra la Terminación del TPS

Organizaciones de defensa de inmigrantes están preparándose para batallas legales, basándose en éxitos previos. En 2018, los intentos de la administración Trump de terminar el TPS para Honduras, Nicaragua y otros países fueron bloqueados por tribunales federales, que consideraron las decisiones motivadas por animadversión racial y carentes de justificación suficiente. Victorias recientes, como el fallo de un juez federal en Nueva York en julio de 2025 contra la terminación anticipada del TPS para haitianos, ofrecen esperanza. Grupos como la New York Immigration Coalition y Alianza Americas están preparando demandas, argumentando que las terminaciones violan la ley que creó el TPS.

Juan Flores señaló que se están organizando demandas similares: “Vamos a hacer lo que hicimos en 2018. No queríamos llegar a estas instancias, pero ya se están preparando”. Estos desafíos podrían retrasar las deportaciones, aunque el resultado depende de decisiones judiciales, y el reciente fallo de la Corte Suprema que permitió la terminación del TPS para venezolanos genera preocupación.

Estrategias de Defensa: Cómo Pueden Protegerse los Beneficiarios del TPS

Para enfrentar esta crisis, los beneficiarios del TPS deben considerar los siguientes pasos:

• Consultar a un Abogado de Inmigración: Expertos legales pueden evaluar la elegibilidad para estatus alternativos o alivio. Organizaciones como el Haitian Community Help and Support Center están creando redes de abogados pro bono para asistir.
• Documentar Contribuciones: Los beneficiarios deben recopilar pruebas de sus aportes económicos y sociales, como registros fiscales, historial laboral y participación comunitaria, para fortalecer casos legales o solicitudes de ajuste.
• Unirse a Grupos de Defensa: Organizaciones como la National TPS Alliance y CARECEN-Los Ángeles están movilizando recursos y apoyo.
• Seguir Desarrollos Legales: Las demandas en curso podrían extender las protecciones o restablecer el TPS, por lo que mantenerse informado es crucial.
• Prepararse para la Salida: Aunque no es ideal, algunos podrían necesitar planificar una salida voluntaria para evitar detenciones y mantener abiertas futuras oportunidades migratorias.

Impacto en las Comunidades de Nueva York

Nueva York, hogar de unos 67,840 beneficiarios del TPS, incluidos muchos hondureños y nicaragüenses, enfrentará un impacto significativo. Estos inmigrantes contribuyen a industrias clave como la hospitalidad, la construcción y la salud, y su deportación podría desestabilizar economías locales. Murad Awawdeh, de la New York Immigration Coalition, advirtió que la decisión “arruina vidas, separa familias y desestabiliza comunidades”.

En vecindarios como Long Island y la ciudad de Nueva York, donde los beneficiarios del TPS están profundamente integrados, la pérdida de estatus legal amenaza con empujar a miles al mercado laboral informal, aumentando su vulnerabilidad a la explotación. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, prometió combatir las terminaciones, calificándolas como un “ataque cruel” contra las comunidades inmigrantes.

El impacto va más allá de lo económico. Muchos beneficiarios del TPS tienen hijos nacidos en EE.UU., lo que crea familias de estatus mixto en riesgo de separación. El estrés psicológico y el miedo a la deportación podrían agravar los desafíos de salud mental en comunidades ya vulnerables.

Un Patrón Más Amplio de Políticas Migratorias

La terminación del TPS forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para desmantelar protecciones humanitarias. Desde enero de 2025, ha eliminado el TPS para más de 600,000 inmigrantes de siete países y cancelado programas de parole para más de 500,000 personas. Críticos, como la senadora demócrata Catherine Cortez Masto, argumentan que estas medidas perjudican a empresas y comunidades estadounidenses mientras ignoran los peligros persistentes en países como Honduras, donde la violencia y la corrupción siguen siendo problemas graves.

El programa “Hermanos, Vuelvan a Casa” de Honduras, diseñado para apoyar a los migrantes retornados, ha sido criticado por no abordar problemas estructurales como el desempleo y la inseguridad. En Nicaragua, la represión política bajo el presidente Daniel Ortega complica aún más un retorno seguro.

Un Llamado a la Acción

Con el plazo del 6 de septiembre acercándose, los beneficiarios del TPS y sus defensores se están movilizando. El gobierno hondureño, liderado por la presidenta Xiomara Castro, ha prometido apoyo consular y esfuerzos diplomáticos para buscar soluciones permanentes. En Nueva York y otras regiones, organizaciones comunitarias están trabajando para proporcionar asistencia legal y concienciar sobre el tema. Christian Aguiluz, de America for All, destacó la necesidad de protecciones permanentes, afirmando: “Revocar el TPS pone en riesgo a miles de familias”.

Para los hondureños y nicaragüenses que enfrentan esta crisis, los próximos 60 días son cruciales. Con recursos legales, apoyo comunitario y defensa activa, pueden luchar por permanecer en el país que han llamado hogar durante décadas. Mientras tanto, el debate sobre el TPS resalta la necesidad de una reforma migratoria integral para brindar estabilidad duradera a estas comunidades esenciales.

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