Un tribunal guatemalteco condenó el viernes a tres ex paramilitares a 40 años de prisión por violencia sexual contra mujeres indígenas durante la guerra civil del país en la década de 1980.
Los acusados, de entre 53 y 67 años de edad, eran miembros indígenas de milicias enviadas por los militares para luchar contra las guerrillas izquierdistas durante un conflicto que dejó aproximadamente 200.000 muertos o desaparecidos.
Los exmiembros de las Autodefensas Civiles Pedro Sánchez, Simeón Enríquez y Félix Tum fueron declarados culpables de delitos de lesa humanidad por agredir sexualmente a seis integrantes de la etnia maya Achí en la década de 1980, informó la jueza María Eugenia Castellanos.
os exparamilitares Simeón Enríquez (izq.), Pedro Sánchez (centro) y Félix Tum reaccionan tras ser sentenciados a 40 años de prisión.
«Soy inocente de lo que me acusan», dijo Sánchez ante el tribunal antes de la sentencia.
La sentencia llega más de cuatro décadas después de que se cometieron los crímenes, entre 1981 y 1983, un período de extremo derramamiento de sangre.
En 2012, cinco ex paramilitares fueron condenados de manera similar por la masacre de 256 mayas achíes ocurrida en 1982 en la misma zona.
La abogada indígena Haydee Valey, quien defiende a las mujeres Achi, dijo que la sentencia es «histórica» porque finalmente reconoce la lucha de las sobrevivientes que han exigido justicia durante décadas.
Una de las víctimas, Paulina Ixpata, de 62 años, dijo a la «Logramos un segundo juicio contra los patrulleros que cometieron delitos durante el conflicto armado… Estoy muy contenta».
Varias mujeres Achi en la sala del tribunal aplaudieron al final del juicio, donde algunas vistieron atuendos tradicionales y otras escucharon el veredicto a través de un intérprete.
Las mujeres victimas del conflicto armado llegaron hasta los tribunales.
Se trata del segundo juicio que involucra a mujeres Achi que fueron víctimas de múltiples violaciones en aldeas y en una base del ejército en Rabinal, al norte de la Ciudad de Guatemala.
Entre 2011 y 2015, un grupo de 36 víctimas presentó denuncias contra ex militares y paramilitares por violencia sexual.
La ONG Impunity Watch dijo que el caso «pone de relieve cómo el ejército guatemalteco utilizó la violencia sexual como arma de guerra contra las mujeres indígenas» durante la guerra civil.
“La violencia sexual fue utilizada por el ejército como método para controlar, castigar e infundir miedo en las comunidades indígenas, así como para degradar a las mujeres y sus descendientes”, afirmó.
