
El 1er Circuito de la Corte de Apelaciones de EE.UU. en Boston rechazó la solicitud de la administración Trump para avanzar en la revocación del parole humanitario de casi 400,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La decisión mantiene vigente un programa de parole humanitario de dos años, creado durante la administración Biden, que permite a estos migrantes vivir y trabajar legalmente en EE.UU.
La administración argumentó que la Secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, tenía la autoridad para terminar el programa, afirmando que la orden judicial obliga al gobierno a «mantener a cientos de miles de extranjeros en el país contra su voluntad».
Sin embargo, el panel de tres jueces, todos nombrados por presidentes demócratas, determinó que Noem no ha demostrado que la terminación del parole sea probable que se sostenga en apelación.
El caso surge tras un anuncio del DHS el 25 de marzo en el Federal Register, donde se comunicó la decisión de finalizar el parole humanitario. Esta medida provocó desafíos legales inmediatos por parte de defensores de inmigración, quienes argumentaron que la revocación carecía de revisión individualizada y violaba protecciones previas.
El 25 de abril, la jueza de distrito Indira Talwani bloqueó temporalmente el cambio de política, señalando que el DHS cometió un error legal al asumir que permitir que el parole siguiera su curso impediría deportaciones rápidas.
Karen Tumlin, abogada del Justice Action Center, que lideró el desafío legal, celebró el fallo, calificando la acción de la administración como «imprudente e ilegal». La administración Trump ahora podría buscar la intervención de la Corte Suprema para revertir la decisión.
Con información de agencias
