
El Salvador se ha convertido en el escenario de una de las políticas de seguridad más controvertidas de América Latina. El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel diseñada para albergar a 40,000 reclusos, es el destino final para cientos de pandilleros y criminales deportados desde Estados Unidos, entre ellos, 238 presuntos miembros del Tren de Aragua y 23 de la Mara Salvatrucha (MS-13).
El presidente Nayib Bukele anunció la llegada de estos individuos a través de un video en sus redes sociales, donde se observa a los detenidos, encadenados y rapados, siendo trasladados inmediatamente al Cecot, ubicado en Tecoluca, a 75 km de San Salvador. Bukele aseguró que permanecerán allí por «un período de un año (renovable)», bajo un régimen de máxima seguridad.
Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025
The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6
Inaugurada en enero de 2023, la megacárcel es considerada la más grande de América Latina. Con ocho pabellones que albergan entre 65 y 70 reclusos por celda, el Cecot está diseñado para mantener a los internos en un aislamiento casi total. No hay visitas familiares, ni programas de rehabilitación, ni espacios de recreación. Los reclusos visten uniformes blancos, duermen en catres metálicos sin colchón y su alimentación se reduce a frijoles y pasta.
El complejo cuenta con muros de concreto de 11 metros de altura, cercas electrificadas y un sistema de vigilancia las 24 horas mediante cámaras térmicas. Además, está custodiado por 600 soldados, 250 policías antimotines y 1,000 agentes penitenciarios. Según el gobierno salvadoreño, el Cecot es «la prisión más segura del país», diseñada para evitar fugas y mantener a los criminales más peligrosos lejos de la sociedad.
La deportación de estos individuos fue posible gracias a una orden ejecutiva emitida por el expresidente estadounidense Donald Trump, quien invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa que no se utilizaba desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque un juez federal suspendió la orden, el proceso de traslado ya estaba en marcha.
Bukele ha defendido la medida como una forma de «ayudar a nuestros aliados» y hacer «autosostenible» el sistema penitenciario salvadoreño. Según el mandatario, Estados Unidos pagará una tarifa por cada recluso, aunque no especificó el monto.
El Cecot no está exento de polémicas. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Cristosal han denunciado violaciones sistemáticas, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y falta de atención médica. Además, se ha cuestionado la falta de transparencia en el manejo de los fondos que recibe el gobierno por albergar a estos reclusos.
«Es un enorme negocio para Bukele», afirmó Ingrid Escobar, directora de la ONG Socorro Jurídico Humanitario. «Va a sacarle la plata a Estados Unidos alquilándole el Cecot sin rendirle cuentas a nadie y sin tener una ley que lo respalde».
El Tren de Aragua, una organización criminal originada en la cárcel venezolana de Tocorón, ha expandido sus operaciones a varios países de América Latina, incluyendo Colombia, Chile, Perú y Estados Unidos. Vinculado a asesinatos, secuestros, tráfico de drogas y trata de personas, este grupo se ha convertido en una de las bandas más temidas del continente.
Su llegada al Cecot marca un nuevo capítulo en la lucha contra el crimen organizado, pero también plantea preguntas sobre la efectividad de una política basada en el encarcelamiento masivo y el aislamiento extremo.
Mientras Bukele celebra la reducción de la tasa de homicidios y posiciona a El Salvador como «el país más seguro de Occidente», las críticas internacionales no cesan. Para algunos, el Cecot es un ejemplo de cómo combatir el crimen con mano dura; para otros, es un recordatorio de los riesgos de sacrificar los derechos humanos en nombre de la seguridad.
A dos años de su inauguración, la megacárcel sigue siendo el símbolo de una guerra sin cuartel contra las pandillas, pero también de un debate que divide a la región: ¿es posible erradicar la violencia a cualquier costo?
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