El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó una ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las escuelas públicas y privadas del país, tanto durante las clases como en los recreos.
Lula destacó que esta medida alinea a Brasil con otros países, como España y Francia, que ya han implementado normativas similares.
El mandatario consideró que esta regulación es “absolutamente necesaria”, argumentando que “el ser humano nació para vivir en comunidad” y necesita “abrazos, miradas y atención”.
Desde su llegada al Gobierno, Lula ha prohibido a sus ministros y otros funcionarios usar teléfonos durante reuniones oficiales, señalando que estos dispositivos distraen y dificultan la concentración, una problemática que, según él, también afecta a las escuelas.
La ley, aprobada por el Parlamento a finales del año pasado, incluye algunas excepciones, permitiendo el uso de celulares con fines pedagógicos y bajo supervisión docente.
Entrará en vigor en el actual ciclo lectivo
Entrará en vigor en el actual ciclo lectivo y se aplicará a toda la educación básica, abarcando los niveles preescolar, primario y secundario.
Esta normativa fue respaldada por estudios que relacionan el uso excesivo de dispositivos electrónicos en las aulas con un menor rendimiento académico.
En este sentido, la ley busca reforzar el aprendizaje y promover la atención en el entorno escolar.
El estado de São Paulo, el más poblado de Brasil, ya había implementado una medida similar en noviembre pasado, convirtiéndose en pionero en este tipo de restricciones.
Allí se prohíbe el uso de cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet durante las clases y los recreos, salvo en casos específicos, como necesidades pedagógicas o para estudiantes con discapacidad que requieran estos aparatos.
Apoyar a los docentes
Marina Helou, coautora de la ley, explicó que el objetivo es apoyar a los docentes, quienes enfrentan “una verdadera batalla” contra los celulares en las aulas, y reducir las desigualdades entre las escuelas públicas y privadas.
Muchas instituciones privadas ya han adoptado mecanismos para controlar el uso de dispositivos electrónicos, algo que esta normativa busca generalizar en todo el sistema educativo.