La presidenta de Perú, Dina Boluarte, propuso este martes la pena de muerte para violadores de menores, tras el asesinato de una niña de 12 años que presuntamente fue agredida sexualmente el fin de semana en un barrio pobre de Lima.
Partidaria de la mano dura contra la delincuencia, la mandataria conservadora afirmó que llegó «el momento» de discutir el restablecimiento de la pena capital, que fue abolida en 1979 y que por décadas estuvo reservada para delitos como traición a la patria y homicidio agravado.
«Es momento que ante hechos de esta magnitud, que deberían ser inconcebibles dentro de una sociedad, planteemos medidas drásticas; es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores»,
dijo Boluarte.
Pena de muerte
Durante una ceremonia pública ante la Fuerza Aérea de Perú, la mandataria expresó su indignación por el asesinato de una niña cuyo cuerpo fue hallado el domingo en el distrito de Villa María del Triunfo, en el sur de la capital peruana.
La menor había sido reportada como desaparecida el sábado. Su cadáver estaba envuelto en frazadas y alfombras debajo de la cama del presunto agresor de 26 años.
Este martes un juez de Lima dispuso prisión preventiva por siete días contra el sospechoso, según informó el poder judicial en sus redes sociales.
«No podemos permitir que en las calles caminen libres tipos como estos (…) No debemos de tener ningún tipo de contemplación con quienes se atreven a tocar a nuestros niños y niñas, que son lo más sagrado e intocable para nuestras familias peruanas»,
enfatizó Boluarte.
La pena de muerte solo podría ser restablecida mediante una reforma constitucional que apruebe el Congreso. La iniciativa, sin embargo, chocaría con compromisos internacionales que asumió Perú en defensa de los derechos humanos y en contra de este tipo de castigos.
Desde 1995, el poder legislativo ha hundido al menos ocho proyectos de ley que buscaban restaurar la pena de muerte.
La actual normativa prevé la cadena perpetua para los violadores de menores de 14 años.
Según el Instituto Nacional Penitenciario, 8.491 personas cumplen actualmente sentencia por este delito.
