
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó una reforma a la ley de migración que incluye el retiro de la nacionalidad, aumenta los controles de ingreso y salida del país, e impone penas de cárcel a quienes crucen las fronteras ilegalmente con el fin de desestabilizar al país.
Una amplia reforma constitucional aprobada el viernes estableció que «los traidores a la patria» pierden la nacionalidad nicaragüense.
La propuesta impone penas de dos a seis años de prisión a quienes ingresen o salgan del país ilegalmente con el fin de «menoscabar» la soberanía, «alterar el orden constitucional» o «conspirar e inducir a actos terroristas o de desestabilización económica y social».
La reforma a la ley también indica que quienes hayan entrado o salido del país por zonas que no sean puestos migratorios podrán ser expulsado de Nicaragua si vuelven a intentar entrar.
El gobierno de Ortega ha endurecido la represión desde las protestas opositoras de 2018, que dejaron en tres meses más de 300 muertos, según la ONU, consideradas por Managua como un intento de golpe de Estado de Washington.
Con información de la agencia de noticias: AFP