El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido que, una vez asuma el cargo, firmará una orden ejecutiva para poner fin a la concesión de ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense. Esta medida busca frenar lo que considera un «imán» para la inmigración ilegal.
Trump ha acusado al presidente en funciones, Joe Biden, de permitir una «invasión extranjera» debido a sus políticas migratorias, las cuales, según él, han facilitado el cruce de millones de personas a través de las fronteras estadounidenses.
«Bajo las leyes actuales, incluso aquellos que ingresan ilegalmente al país tienen hijos que automáticamente se convierten en ciudadanos estadounidenses», afirmó Trump en un mensaje en video que se extendió por más de tres minutos.
El expresidente subrayó que esta política equivale a recompensar la violación de las leyes estadounidenses, alentando la llegada masiva de inmigrantes. Como parte de su plan de acción, se comprometió a firmar una orden ejecutiva que establezca una interpretación estricta de la ley y clarifique que los hijos de inmigrantes en situación irregular no recibirán ciudadanía por nacimiento.
La propuesta de Trump no es nueva en la política estadounidense y revive el prolongado debate sobre la interpretación de la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda de la Constitución. Esta cláusula, que históricamente ha sido entendida como un derecho de ciudadanía para las personas nacidas en Estados Unidos, ha sido cuestionada por numerosos legisladores que consideran que su interpretación actual es errónea y que debería modificarse para limitar el acceso a la ciudadanía.
Durante la reciente campaña, tanto Trump como su compañero de fórmula, JD Vance, manifestaron su respaldo a una interpretación más restrictiva de la 14ª Enmienda. La intención de esta interpretación es impedir que los hijos de personas que entraron sin autorización reciban automáticamente la nacionalidad.
Además, Trump apuntó contra la práctica conocida como «turismo de nacimiento, en la cual personas extranjeras viajan a Estados Unidos para que sus hijos nazcan en suelo estadounidense y así obtengan la ciudadanía.
Según el presidente electo, muchos individuos de diversas partes del mundo se alojan temporalmente en el país con el propósito de asegurar la nacionalidad estadounidense para sus hijos, y posteriormente beneficiarse de la «migración en cadena» para traer a más familiares.
Bajo la nueva política, al menos uno de los padres deberá ser ciudadano o residente legal para que el niño califique para la ciudadanía.
¿Es posible implementar la propuesta de Trump?
Pese a la promesa de Trump, especialistas legales advierten que cualquier orden ejecutiva que trate de modificar los derechos garantizados en la Enmienda 14 enfrentará un inmediato desafío en los tribunales. Cambiar o reinterpretar esta enmienda requiere un proceso largo y complejo, y muchos expertos sostienen que será difícil implementar estas reformas constitucionales en el corto plazo.
El Consejo Estadounidense de Inmigración, un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes, precisó que no dispone de cifras exactas, pero señaló que en la actualidad se calcula que hay 3.7 millones de niños nacidos en Estados Unidos que tienen al menos un progenitor indocumentado, una cifra derivada de los datos del censo estadounidense.
Un portavoz de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, la agencia federal que se ocupa de las cuestiones de ciudadanía, declinó hacer comentarios.
Trump había prometido poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento cuando se presentó por primera vez a la presidencia en 2015 y volvió a plantearlo en 2018. Pero nunca emitió una orden ejecutiva.
En aquel momento, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, descartó la idea, diciendo: “No se puede hacer algo así a través de una orden ejecutiva”.
A pesar de la promesa de Trump, el plan para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento no se menciona específicamente en el documento de la plataforma republicana de 2024, que incluye un capítulo titulado ‘Sellar la frontera y detener la invasión de migrantes’.
La plataforma sí incluye un lenguaje que promete “priorizar la inmigración basada en el mérito” y poner fin a la migración en cadena, un término utilizado para referirse a las personas que tienen la ciudadanía estadounidense y luego utilizan su estatus para ayudar a otros miembros de la familia a entrar en el país.
Ken Cuccinelli, que ocupó un alto cargo en el Departamento de Seguridad Nacional en la primera Administración Trump, indicó que la propuesta es “apropiada y manejable desde una perspectiva política”, pero no respondió a más preguntas sobre cómo podría aplicarse legalmente.
Cuccinelli escribió el capítulo sobre cuestiones relacionadas con la inmigración que se incluyó en el Proyecto 2025, una propuesta de hoja de ruta para una segunda Administración Trump publicada por la conservadora Heritage Foundation. Su sección no mencionaba la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Mito histórico
“Como han señalado muchos estudiosos, esta política actual se basa en un mito histórico y en una malinterpretación deliberada de la ley por parte de los defensores de las fronteras abiertas”, aseveró Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento en su video de anuncio.
Pocas personas están de acuerdo con esa valoración.
El argumento jurídico, desarrollado por los defensores de la antiinmigración, se centra en el texto de la 14ª Enmienda que dice que la ciudadanía por derecho de nacimiento se concede a quienes “están sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos.
Los que se oponen a la ciudadanía por derecho de nacimiento indican que ese lenguaje significa que se deniega la ciudadanía a cualquiera cuyos padres no estén legalmente en el país.
“Difícilmente puede decirse que los extranjeros con estatus irregular estén bajo la protección de Estados Unidos”, comentó Christopher Hajec, abogado del Immigration Reform Law Institute, otro grupo que apoya los límites a la inmigración.
Pero la mayoría de los expertos jurídicos afirman que el lenguaje de la jurisdicción sólo se refiere a las personas que no están sujetas a la legislación estadounidense, sobre todo los diplomáticos extranjeros.
Incluso James Ho, un abogado conservador nombrado por Trump para el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, donde se ha labrado una reputación de agitador judicial, respalda esa opinión.
Escribió en un artículo de 2009 que el lenguaje de la ciudadanía de la 14ª Enmienda se aplica a “la mayoría de los hijos de extranjeros nacidos en Estados Unidos, incluidos los extranjeros con estatus irregular”.
Estar dentro de la jurisdicción de Estados Unidos significa simplemente que las personas están obligadas a obedecer las leyes estadounidenses, precisó Ho. “Y la obediencia, por supuesto, no depende de la condición de inmigrante”, añadió.
La Corte Suprema nunca se ha pronunciado directamente sobre la cuestión, pero el único caso que se menciona con frecuencia en cualquier debate sobre el tema sugería que se daba por sentado que las personas nacidas en Estados Unidos tienen la ciudadanía, sea cual sea el estatus de sus padres.
En ese caso de 1898, llamado Estados Unidos contra Wong Kim Ark, el alto tribunal dictaminó que un hombre nacido en San Francisco de padres originarios de China era ciudadano estadounidense.
Los detractores de la ciudadanía por derecho de nacimiento argumentan que la sentencia no aborda si los hijos de personas que entraron ilegalmente en el país son ciudadanos estadounidenses, ya que los padres en ese caso habían sido admitidos legalmente.
De hecho, sugieren que la sentencia asume que los hijos de personas que entran ilegalmente en el país no tienen la ciudadanía, aunque admiten que el argumento puede ser difícil de seguir.
“Realmente hay que desentrañarlo”, aseveró Hajec. “Es un argumento bastante complicado”.
Si Trump siguiera adelante con su plan de emitir una orden ejecutiva el primer día, el impacto podría sentirse de inmediato.
En el improbable caso de que el plan de Trump entrara plenamente en vigor, podría ser difícil de aplicar porque las agencias federales no tienen necesariamente el estatus migratorio al alcance de la mano y necesitarían acceder a la información no sólo del niño recién nacido, sino también a los datos de ambos progenitores.
A veces, la información pertinente podría ser difícil de determinar, por ejemplo, si el estado de inmigración de un progenitor ausente no es conocido por el otro.
Una portavoz de la Administración de la Seguridad Social señaló que la agencia no dispone de datos sobre la situación de inmigración, que tiene que verificar con el Departamento de Seguridad Nacional antes de expedir a los inmigrantes un número de la Seguridad Social.
Actualmente, un certificado de nacimiento estadounidense es todo lo que se necesita para obtener un número de la Seguridad Social o un pasaporte.
Emma Winger, abogada del Consejo Estadounidense de Inmigración, dijo que la propuesta de Trump afectaría a cualquier niño nacido en Estados Unidos, ya que cada padre ahora tendría que dar un paso burocrático adicional para asegurarse de que su bebé está registrado como ciudadano.
“Todo el mundo confía en el hecho de que si han nacido aquí solo necesitan mostrar una prueba de nacimiento”, dijo. “Sería un cambio radical”.
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