A pesar de las duras críticas internas y externas, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha implementado una controvertida reforma judicial. Con la firma de la ley por parte de Obrador el domingo (hora local), México es el único país del mundo en el que todos los jueces serán elegidos directamente en el futuro. Los críticos temen que esto pueda politizar el sistema judicial y que los jueces electos puedan verse influenciados por los poderosos cárteles de la droga.
El presidente saliente de izquierda, sin embargo, describió la reforma como necesaria para limpiar un sistema de justicia «podrido» que sirve principalmente a la élite política y económica. El proyecto había desencadenado en las últimas semanas tensiones diplomáticas con importantes socios comerciales como Estados Unidos y Canadá.
Una sesión parlamentaria para aprobar la reforma la semana pasada tuvo que ser cancelada y pospuesta después de que manifestantes enojados irrumpieran en el edificio del Senado.
Con la nueva ley, en el futuro incluso los jueces del Tribunal Supremo y de otros tribunales superiores serán elegidos directamente. Los críticos se quejan de que esto pone en peligro el control mutuo de los órganos constitucionales y, con ello, el sistema democrático de separación de poderes.
Según la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Margaret Satterthwaite, ningún otro país permite la elección directa de todos los jueces. Sin mecanismos de protección sólidos, el proceso de elección judicial es vulnerable a la influencia del crimen organizado.
El embajador estadounidense Ken Salazar advirtió antes de su adopción que la reforma planeada amenazaba la democracia en México y podría permitir a los criminales abusar de «jueces sin experiencia y motivados políticamente» para sus propios fines. La organización de derechos humanos Human Rights Watch había advertido sobre una erosión de la independencia judicial.