La cancelación del tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos por decisión del gobierno hondureño y cuya herramienta permitió en el pasado entregar a capos de la droga al país norteamericano es la muestra de que Honduras atraviesa una etapa crítica en torno al Estado de derecho y la lucha contra el narcotráfico, según analistas.
“Estamos ante un cruce de esquina delicadísimo. A esta deriva autoritaria de la que tanto se habla por Nicaragua y El Salvador, se ha sumado Honduras, un país donde los proyectos autoritarios están chocando con los tratados y convenios internacionales”,
dijo a la Voz de América, Napoleón Campos, politólogo y experto en relaciones internacionales.
Según Campos, el freno que ponen los convenios internacionales, la Constitución, la separación de poderes y el principio de legalidad y de protección judicial raya con el proyecto político de Xiomara Castro.
Tratado de extradición
El fin del tratado fue una acción sorpresiva del gobierno hondureño como respuesta a los cuestionamientos de la embajadora de Washington en Tegucigalpa, Laura Dogu, sobre la visita de dos altos funcionarios hondureños a Venezuela para una reunión con el ministro de defensa venezolano, Vladimir Padrino, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.
Según la embajadora, fue “preocupante” y “sorprendente” ver al ministro de defensa y al jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras sentados al lado de un narcotraficante en Venezuela.
Pero el politólogo Campos cree que esa decisión no tiene relación con un tema de injerencia sino de violación a tratados internacionales en materia de justicia con el propósito de proteger criminales quienes ya se ven «por encima de la ley”.
“¿Qué justicia puede haber si las herramientas internacionales aplican para unos casos y no para otros que tienen relación con mi lado ideológico y político?, agregó el analista a VOA.
Una postura similar tiene la organización Cristosal, con sede en Honduras, El Salvador y Guatemala, que además de señalar un retroceso en cooperación judicial internacional, urgió al gobierno hondureño revisar la decisión.
