La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció este miércoles «la represión violenta, las detenciones arbitrarias y la persecución política» poselectoral en Venezuela durante una sesión en la OEA en la que Brasil, Colombia y México no hicieron uso de la palabra.
Estos tres países median en la grave crisis desatada en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio que Nicolás Maduro afirma haber ganado. El Consejo Nacional Electoral (CNE) lo proclamó vencedor y la corte suprema convalidó la victoria.
Pero la oposición liderada por María Corina Machado denuncia fraudes y asegura tener pruebas de que ganó su candidato, Edmundo González Urrutia. Desde entonces están en pie de guerra y multiplican las protestas.
«Las represiones actuales reflejan patrones ya observados por la Comisión en las protestas de 2014 y 2017»,
denunció la presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, en una sesión extraordinaria en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la que Venezuela no forma parte.
Venezuela
La violencia poselectoral contra los manifestantes provocó «la muerte de al menos 23 personas, muchas de ellas jóvenes», condenó Clarke. Según ella diez «son atribuibles directamente a las fuerzas del Estado»: ocho a militares y dos a la policía.
Seis «son atribuibles a los colectivos», grupos armados partidarios del chavismo, «que actúan con el consentimiento, tolerancia o aquiescencia del Estado», añadió.
Desde finales de julio organizaciones de la sociedad civil «han registrado al menos 1,672 detenciones», la mayoría de ellas de jóvenes que viven en áreas urbanas con tasas de pobreza muy altas, dijo Clarke.
Muchas veces los arrestos son selectivos, contra «voluntarios electorales y aquellos percibidos como opositores al régimen, incluidos periodistas.
Es la llamada «Operación Tun Tun», un término acuñado hace años por Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo y nombrado esta semana por Maduro a la cabeza del Ministerio del Interior.
Divide y vencerás
La presidenta de la CIDH, una organización de la OEA, dice tener constancia de «la cancelación ilegal de pasaportes de al menos 36» personas.
«Divide y vencerás» es la estrategia de las autoridades, .
concluyó Clarke, que estima que estas prácticas «generan un clima de temor e intimidación entre la población»
Una vez presentado el informe varios países intervinieron para pedir la publicación de las actas electorales, reclamada por la comunidad internacional como paso previo para reconocer los resultados.
El embajador estadounidense ante la OEA, Francisco Mora, reiteró la necesidad de que «las partes venezolanas inicien conversaciones sobre una transición respetuosa y pacífica».
«Como dijo la comisión los representantes de Maduro están implicados en terrorismo de Estado desde las elecciones», dijo, y les acusó de perpetrar «un clima de miedo».
