El miedo a la represión en curso por parte del presidente Daniel Ortega, contra la Iglesia católica en particular. Sin escatimar a los evangélicos, se ha vuelto tan generalizado que silencia las críticas al gobierno autoritario e incluso las menciones a la represión desde el púlpito.
Diecinueve sacerdotes expulsados del país, decenas de incidentes de acoso y profanaciones de iglesias, áreas rurales carentes de culto y servicios sociales. La situación del clero y de los fieles católicos en Nicaragua empeora en 2024. Esto según sacerdotes exiliados, laicos del país centroamericano y defensores de derechos humanos.
Todo inició con los disturbios del 2018, que comenzaron contra los recortes propuestos a la seguridad social. Luego se ampliaron para exigir elecciones anticipadas y acusar a Ortega de medidas autoritarias. Después de que cientos de manifestantes murieron a manos de las fuerzas de seguridad y grupos civiles aliados, según oenegés y grupos de derechos humanos.
Al igual que varios gobiernos latinoamericanos que tienen sus raíces en revoluciones socialistas, el de Nicaragua ha tenido una relación inconsistente con los líderes religiosos durante décadas. Pero esas protestas desencadenaron una escalada y un ataque sistemático a la Iglesia. En lo que la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional llama una “campaña de acoso y persecución severa”.
Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quien es también vicepresidenta, culpan al clero “terrorista y golpista” de apoyar los disturbios civiles. Según afirman, equivalen a planear un golpe de Estado en su contra.
El clero y los observadores laicos dicen que el gobierno trata de sofocar a la Iglesia porque todavía es el raro crítico. Se atreve a oponerse a la violencia de estado en Nicaragua y cuya voz es respetada por muchos ciudadanos.
El “exilio sin precedentes de voces críticas”, desde líderes religiosos hasta periodistas y artistas, en Nicaragua equivale a un “plan de censura total”. Lo dijo Alicia Quiñones, quien dirige la organización de libertad de expresión PEN International en América y el Caribe.
Se ha vuelto casi imposible hacer reportajes independientes en Nicaragua, agregó, y citó el encarcelamiento el año pasado de un periodista acusado de “información falsa” después de cubrir una celebración de Pascua cuando las fiestas católicas públicas han sido prohibidas en gran medida.
“Ya no se soporta la presión”, dijo un sacerdote que ahora se encuentra en Estados Unidos. Al igual que otros, refiere que los asistentes a misa han comenzado a notar que hay gente en los bancos que nunca antes habían visto y temen que estén allí para informar sobre cualquier indicio de oposición al gobierno, aunque solo sea una oración por la seguridad del clero encarcelado en condiciones peligrosas.
En un país donde más del 80 % de la población es cristiana —alrededor del 50 % católica y más del 30 % evangélica, según la comisión de libertad religiosa de Estados Unidos— la represión es profunda tanto espiritual como materialmente.
Ha afectado no sólo al clero y las órdenes religiosas, sino también a los estudiantes universitarios, a las poblaciones minoritarias y marginadas, e incluso a pequeños negocios en pueblos rurales que dependían de procesiones religiosas y fiestas de los santos patronos, ahora con frecuencia prohibidas o celebradas solo en interiores, para obtener sus ingresos.
Con información de la VOA