
El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firmó una ley la semana pasada que, entre otros requerimientos, obliga a todos los empleadores privados en el estado con más de 25 trabajadores a que usen la aplicación E-Verify, a fin de constatar que los aspirantes a una plaza laboral poseen estatus legal.
El sistema de verificación del estatus para el empleado se aplica desde hace décadas para empleados federales. En Florida se impuso en 2020 para empleadores privados con proyectos relacionados con el gobierno y acaba de aprobarse para todos los empleadores privados con más de 25 trabajadores.
La ley fue firmada horas antes de que el gobierno de Estados Unidos ponga fin al Título 42, una medida sanitaria que permitía que las autoridades devolvieran de manera expedita a los inmigrantes irregulares en la frontera.
La obligatoriedad a usar el formulario E-Verify en la Florida hizo saltar las alarmas entre los inmigrantes en situación irregular. Trabajadores de la construcción dijeron al canal CBS4 de Miami que muchos empleados no se reportaron a trabajar por miedo a ser deportados. Otros medios locales reportaron una reacción similar entre muchos trabajadores agrícolas del estado.
E-Verify es un sistema en línea por medio del cual los empleadores pueden confirmar si sus empleados son elegibles o no para ocupar las plazas que solicitan.
El sistema de comprobación fue establecido en la Reforma de la Inmigración Ilegal y Ley de Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA, por sus siglas en inglés), en 1996 y es controlado directamente por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Los empleadores someten las solicitudes al sistema electrónico por medio de un formulario identificado como I-9 o Verificación de Elegibilidad de Empleo, para luego contrastarla con datos existentes en el DHS y la Administración del Seguro Social (SSA).
Según datos de DHS, más de 967.000 empresas están inscritas en el sistema, considerado como “uno de los servicios federales con la mejor calificación en términos de satisfacción del cliente», y cada semana se unen otras 1.500.
La nueva ley establece multas para los empleadores de hasta 10.000 dólares por cada empleado sin permiso de trabajo y su licencia de operación puede ser revocada por el estado.
Con información de VOA