El futuro de una píldora utilizada por medio millón de mujeres estadounidenses cada año para interrumpir sus embarazos está en juego desde este miércoles en el sureño estado de Texas ante un juez ultraconservador, a quien los opositores al aborto piden que se suspenda su autorización para todos Estados Unidos.
La audiencia, cuya celebración se mantuvo en secreto hasta el lunes para evitar posibles desbordes, comenzó a las 09h00 locales (14:00 horas GMT) en un juzgado de la ciudad de Amarillo, y solo se autorizó la asistencia de un público muy limitado.
Matthew Kacsmaryk, quien fue abogado de una organización cristiana antes de ser nombrado juez federal por el expresidente republicano Donald Trump, dio inicio a la audiencia en la cual escuchará los argumentos de las partes.
Pacto social
Posteriormente emitirá su fallo sobre el caso, que amenaza con tener un impacto social tan rotundo como la sentencia de la Corte Suprema que dinamitó, en junio pasado, el derecho al aborto.
Desde entonces, 15 estados conservadores han prohibido cualquier modalidad de aborto en su territorio, y otros como Florida (sureste) están en proceso de restringir severamente esta práctica.
Para Alexis McGill Johnson, presidenta de la asociación de planificación familiar Planned Parenthood, «el caso Amarillo es un llamado de atención para todos aquellos que pensaban que no les afectaba» porque viven en estados que protegen el derecho al aborto. Porque la decisión del juez Kacsmaryk podría extenderse a todo el país.
Podría existir apelación
No está claro cuándo Kacsmaryk tomará su decisión, pero si falla a favor de los demandantes, se espera que el gobierno estadounidense apele.
“Estamos claramente muy preocupados, como debería estarlo toda la comunidad médica. Esta sería una primera vez muy peligrosa”, agregó Johnson en un comunicado.
Afuera del tribunal, un puñado de manifestantes llegó con carteles que exhibían leyendas como “Tu útero no, tu decisión no” o “Defendamos el aborto con medicamentos”.
Entre ellos estaba Lindsay London, una enfermera de 41 años, quien deplora un remedio legal “100 por ciento ideológico, que no tiene base científica”.
