A través de una resolución del Ministerio de Gobernación, publicada en el diario oficial La Ga-ceta, el régimen de Daniel Ortega canceló la personalidad jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y de las 19 cámaras que lo integraban, en una nueva ofensiva contra el sector empresarial. Argumenta que las organizaciones no completaron el proceso de convalidación de registro, conforme a lo establecido en la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro.
Según el periódico La Prensa, las organizaciones enfrentaron problemas para concretar la convalidación, el mismo caso que muchas ONG canceladas luego de que las autoridades no les reciban los documentos ni facilitaban el trámite de aprobación.
Semanas atrás, la dirigencia del Cosep formó parte del grupo de presos políticos desterrados a Estados Unidos.
COSEP está compuesto por 19 cámaras empresariales. (Twitter: @COSEPNicaragua)“El Consejo Superior de la Empresa Privada agradece al Gobierno de Nicaragua por la decisión unilateral de liberar a 222 presos, entre ellos siete miembros de Cosep”, indicó la patronal nicaragüense, a través de una declaración pública. Entre los siete miembros del Cosep que fueron excarcelados y expatriados se encuentran Michael Healy y Álvaro Vargas, quienes presidían esa cúpula patronal cuando fueros arrestados por delitos considerados traición a la patria.
“La población vive aterrorizada (…) Casi todos los medios independientes y las ONG trabajan desde el extranjero” y “la situación sigue empeorando”, afirmó la semana pasada el presidente del Grupo de Expertos de la ONU en Derechos Humanos sobre Nicaragua, Jan Simon.
En tanto, la experta colombiana Ángela María Buitrago señaló la “amenaza constante” que pesa sobre los nicaragüenses “de ser denominados traidores”, que se “cancele su nacionalidad” y sean “deportados”. Esta situación recuerda “periodos muy oscuros de la historia”, subrayó.
Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados, enfrenta una ola de condena de la comunidad internacional debido a su deriva autoritaria. Los expertos cifraron en “miles” los nicaragüenses afectados por la violación de derechos humanos.
La decisión asumida por el régimen de Daniel Ortega fue interpretada por algunos empresarios como “un nuevo golpe” al sector privado y una “medida de venganza”. Lucy Valenti, expresidenta de la otrora pujante Cámara Nacional de Turismo (Canatur), dijo que esta medida es “parte del proceso de talibanización de la dictadura”.
