El gobierno de Colombia exigió este viernes liberar a 78 policías retenidos por indígenas y campesinos que protestan contra una petrolera en el suroeste de Colombia como “requisito” para mediar entre la comunidad y la empresa.
“No hay ninguna posibilidad de que nos sentemos a dialogar en la medida en que haya cualquier tipo de retención de miembros de la institución policial”, dijo el ministro de Interior, Alfonso Prada, antes de tomar un vuelo hacia San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, para atender la crisis.
“Les hemos planteado que es un requisito absolutamente insuperable, ‘sine qua non’, un requisito definitivo para que podamos tener la posibilidad de entrar como gobierno”, añadió Prada.
Las movilizaciones del jueves contra la petrolera Emerald Energy se tornaron violentas y terminaron en choques entre la comunidad y la fuerza pública.
Fallecidos
Un campesino y un policía fallecieron, varias personas quedaron heridas y los manifestantes retuvieron a 78 uniformados y 6 empleados de la petrolera, según las cifras más recientes del gobierno. La Defensoría del Pueblo había compartido un balance ligeramente superior.
“La fiscalía, como es su deber, debe investigar e individualizar a los criminales que provocaron las muertes en el Caquetá. Espero del campesinado nacional su colaboración para liberar los funcionarios de mi gobierno retenidos”, tuiteó este viernes el presidente Gustavo Petro.
Los manifestantes reclaman el cumplimiento de acuerdos pactados con la petrolera que opera en Colombia, tiene sede en Reino Unido y es filial del grupo chino Sinochem.
En videos difundidos en medios locales el jueves se veían las instalaciones bajo el fuego, mientras uniformados y civiles se enfrentaban con violencia.
La Defensoría del Pueblo publicó imágenes en las que se observa a decenas de uniformados junto a un puñado de civiles agrupados en un salón amplio con sillas plásticas.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, que también viajará a la zona, precisó que todos los retenidos se hallan “en buenas condiciones”.
“Han estado recibiendo alimentación, agua, en estas circunstancias están en condiciones aceptables”, dijo a medios.
No estigmatizar
Los reclamos de la comunidad hacia la petrolera comenzaron en noviembre, según autoridades del Caquetá.
El ministro Prada aseguró que desde el 11 de febrero el gobierno media entre la empresa y los campesinos en un intento por resolver el conflicto que ha suscitado bloqueos temporales a vehículos en distintas ocasiones.
La tensión escaló el jueves cuando la guardia indígena se sumó a las movilizaciones que exigen a la petrolera cumplir con una serie de compromisos como la pavimentación de 40 kilómetros de vías, mejorar la infraestructura y reducir el impacto ambiental.
La fiscalía anunció que investigará “los homicidios, secuestros y otros hechos de violencia” en medio de las protestas.
En un comunicado del 19 de febrero la Procuraduría, órgano estatal que vigila a los funcionarios públicos, pidió a las autoridades locales “convocar de manera urgente a un consejo extraordinario de seguridad” en el Caquetá y aseguró que los bloqueos estaban siendo “constreñidos” por disidentes de la guerrilla de las FARC.
Interrogado por la participación de grupos armados en las protestas, el ministro Prada pidió “no estigmatizar ni permitir la estigmatización del movimiento social campesino en Colombia, pero tampoco caer en la imbecilidad de pensar que no hay factores de perturbación que pretendan utilizar la movilización social para intereses particulares e ilegales”.
“Contra ellos va toda la actuación de las fuerzas militares y del Estado, contra los campesinos extendemos siempre la mano para el diálogo”, añadió.
Colombia vive un prolongado conflicto interno que enfrenta a guerrilleros, narcotraficantes y agentes estatales. Más de medio siglo de violencia dejan nueve millones de víctimas, la mayoría desplazados.
