Nicaragua declaró «traidores a la patria» a 94 opositores exiliados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, despojándolos de su nacionalidad e inhabilitándolos de por vida a ejercer cargos públicos.
Además de Belli y Ramírez, quien fue vicepresidente del gobierno sandinista de la década de 1980 que encabezaba el actual mandatario Daniel Ortega, entre los sancionados figuran el obispo católico Silvio Báez, los excomandantes guerrilleros Luis Carrión y Mónica Baltodano, y la activista de derechos humanos Vilma Núñez.
El presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez Mejía, leyó ante medios oficialistas la resolución que despojó de la nacionalidad nicaragüense a las 94 personas consideradas «prófugas de la justicia».
La escritora nicaragüense Gioconda Belli, entre los 94 opositores al régimen que fueron despojados de su nacionalidad. (Foto por INTI OCON / AFP)«Los acusados ejecutaron y continúan ejecutando actos delictivos en perjuicio de la paz, la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando a la desestabilización del país, promoviendo bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras, todo en perjuicio de la paz y el bienestar de la población», indicó el magistrado. «Por estos hechos, a los acusados no se les puede considerar ciudadanos nicaragüenses», añadió.
El galardonado escritor Sergio Ramírez, quien una vez fue vicepresidente de Ortega, también fue despojado de su ciudadanía. (Foto por Ezequiel BECERRA / AFP)Condena de Estados Unidos
El principal encargado del Departamento de Estado de EEUU para Latinoamérica, Brian Nichols, condenó el retiro de la nacionalidad de otros 94 nicaragüenses. “Condenamos las acciones de hoy del gobierno de Nicaragua de quitarle la nacionalidad a otros 94 ciudadanos nicaragüenses”, indicó el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, en un mensaje.
Más condenas y reacciones
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en América Central condenó «de la manera más enérgica esta nueva ola de violaciones a los DDHH».
«Llamamos al Estado a cesar de inmediato la persecución y represalia contra defensores de DDHH y voces disidentes, y restituirles todos sus derechos y libertades», tuiteó la Oficina.
«Medida de odio y venganza»
La medida fue tomada seis días después de que el gobierno de Ortega liberó y expulsó a Estados Unidos a 222 opositores presos, a quienes también despojó de su nacionalidad y derechos políticos, en momentos en que enfrenta criticas de la comunidad internacional debido al creciente autoritarismo de su gobierno.
El periodista Carlos Fernando Chamorro, incluido entre los sancionados, publicó en redes sociales que «los castigados por medidas de odio y venganza, son todos los ciudadanos que demandan un cambio con justicia y libertad, incluidos los servidores públicos, civiles y militares».
Exiliado en Costa Rica, Chamorro es hijo de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997), pero a diferencia de su madre y hermanos colaboró con el régimen de Ortega en la década de 1980 y dirigió el periódico sandinista, Barricada.
Como otros sandinistas rompió con Ortega a mediados de la década siguiente, cuando el actual presidente encabezaba la oposición al gobierno de Violeta Barrios, que lo había derrotado en los comicios de 1990.
