La dictadura orteguista despojó de su nacionalidad y derechos ciudadanos de forma perpetua a otros 94 nicaragüenses quienes son acusados por el Ministerio Público del supuesto delito de traición a la patria según unas resoluciones emitidas por jueces sandinistas
Además se les impone las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua así como ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua respectivamente
También se ordena la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscrita a su favor ya sea a título personal o de persona jurídica o sociedades en la que participan como socios para responder por los delitos cometidos y a los acusados se les declara prófugos de la justicia
Entre los afectados están los escritores Sergio Ramírez, Premio Cervantes, y Gioconda Belli, ambos en el exilio; el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, la escritora y feminista Sofía Montenegro, la activista Azahalea Solís, el obispo Silvio Báez, una de las voces más críticas de la Iglesia, y la activista Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CIDH). El despojo ha sido notificado por el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez